Pero en la realidad, la vida le pinta de otro color.

Durante 30 años, el empresario mexicano, de origen libanés, se ha enriquecido a costa del erario público, porque pasó de ser un guía espiritual a convertirse en el “amo y señor feudal” del fraccionamiento “El Santuario”. Sin importarle las jaquecas que provoca la acumulación de bienes materiales, se ha dedicado a cobrar los recibos de agua, cuotas de mantenimiento y casetas de control de acceso al desarrollo inmobiliario.

Los acuerdos más recientes, firmados “en lo oscurito” y en complicidad con las autoridades del Municipio de Valle de Bravo, fueron celebrados el pasado 4 de agosto de 2023 y el 23 de abril de 2024 con la Promotora Valle de Bravo, S.A. de C.V., empresa vinculada a Domit Geyamel, donde le otorgan amplias facultades para administrar y cobrar los servicios públicos del fraccionamiento: agua potable, alumbrado, vigilancia, recolección de basura y vialidades. ¡Una verdadera mina de oro!

Sorprende que dichos convenios no hayan sido aprobados por el Cabildo de Valle de Bravo, ni por la Legislatura del Estado de México, y para este fin particular del magnate, no se siguió procedimiento alguno de contratación o concesión. Sólo se firmaron los convenios entre la alcaldesa de Valle de Bravo y la inmobiliaria y su vigencia es indefinida; existe una cláusula que permite a la empresa cobrar las cuotas “que determine” directamente o a través de terceros. Esto significa que hay “camino libre” para determinar arbitrariamente el tabulador de las mismas.

El municipio, que preside la morenista Michelle Núñez, se ha hecho de la “vista gorda”, tal vez por el arreglo que haya tenido con la inmobiliaria. Mientras la alcaldesa permanece en la inacción, Domit Gemayel actúa como si fuera la autoridad en funciones: fija tarifas, restringe accesos y condiciona servicios. Y la orden que ha dado a sus empleados es muy clara:

¡Quien no pague sus cuotas, no entra!, es la consigna.

Baste recordar que el pasado 7 de octubre, residentes agrupados en la Asociación de Colonos Unidos de «El Santuario» denunciaron, en conferencia de prensa, que la actuación de Promotora Valle de Bravo, S.A. de C.V. ha derivado en bloqueos de acceso, cortes de agua y cobros arbitrarios, a pesar de existir resoluciones judiciales que ordenan garantizar el libre ingreso y la continuidad de los servicios básicos.

La empresa de Michel Domit Gemayel sostiene que su intervención en el fraccionamiento «El Santuario» es legal.

Michelle Núñez sigue demostrando que puede «brincarse» la legalidad y actuar conforme decidan sus intereses particulares , sin acatar los mandatos Constitucionales del Estado de México y Federales.